El grotesco yerro que cometió el gobierno con la sanción del decreto de supuesta desregulación (es más preciso hablar de regulación) de la actividad de prácticos y baqueanos fue de tal magnitud que es difícil encontrar en la historia un decreto cuya vigencia haya durado dos días, y no por un amparo judicial. A semejante dislate se sumó la brutalidad de usar a la Prefectura Naval para andar intimando (y tratando de intimidar) a profesionales independientes que habían decidido no hacer su trabajo.

La decisión de los prácticos y la firme actitud de distintas entidades del sector provocaron que, un tema de “nicho� dentro de la sociedad saltara a los medios masivos y, en consecuencia, a la opinión pública general.

Rápidamente se advirtió que la falta de prácticos provocaba un colosal daño económico al sector de exportación de cereales y a inversores de Vaca Muerta, actores poderosos si los hay. Pero, tal vez, no quedó del todo clara una cuestión central: forzar que el practicaje (imprescindible en todo el mundo) sea más barato solo beneficia los bolsillos de muy pocos que, por otra parte, son bolsillos suculentos. En ningún caso, ni remotamente, implican una baja del peyorativamente nombrado como “costo argentino� y muchísimo menos una baja en el precio de alguna cosa en alguna góndola, como fabuló en televisión el ministro desregulador de cualquier cosa.

El caso sirve de gran ejemplo para un modus operandi habitual: se le presenta a la ciudadanía una iniciativa “liberal-libertaria-desreguladora� como la solución mágica cuando se trata simplemente de un gran negocio para unos pocos, habitualmente extranjeros o asociados con extranjeros. Extranjeros, esos, que no son los que cruzan la frontera para trabajar en la construcción, o en casas particulares o a estudiar en la UBA.

Puede servir para esclarecer aun a los todavía confundidos sobre la verdadera naturaleza de la política del Poder Ejecutivo, y no solo en las formas.