Una disputa interministerial  pone en estado de alerta a gremios del sector pesquero y del transporte fluvial.

El Ministerio de Transportes avanza en un proyecto que incursiona en un área tradicionalmente a cargo del área de defensa, sin demostrar mucha “voluntad de diálogo”.

“Esto ya está decidido por el Presidente de la Nación y no tiene marcha atrás”, así de escueto y contundente fue el asesor del Ministerio de Transporte consultado sobre la controversia originada por el traspaso del control de la formación y titulación de miles de Oficiales y personal subalterno de la Marina Mercante de Ultramar, Fluvial y Pesquera de la órbita de la Armada Argentina (dependiente de defensa) al Ministerio de Transportes.

Lo que podría tomarse como una de las tantas transferencias de responsabilidades entre ministerios a los que la democracia nos tiene acostumbrados, en este caso amenaza a transformase en un problema no sólo de burocracia administrativa sino además y al decir de varios dirigentes gremiales del sector un serio riesgo de pérdida de fuentes laborales e incluso la subsistencia de algunas profesiones dentro de la actividad marítima.

Los Antecedentes

Tradicionalmente la Armada Argentina manejó en distintas instancias todo lo relacionado con los temas marítimos de la Nación. Incluso durante muchos años la propia Prefectura Naval Argentina dependía de la fuerza militar al punto tal que siempre su jefe máximo era un oficial superior de la Armada. El advenimiento de la democracia trajo aparejada la independencia tanto de la PNA como de la Gendarmería Nacional que dependía del Ejército.

Para el caso de la Marina Mercante, si bien esta es una actividad de índole comercial, tiene un fuerte lazo con la marina militar en virtud que la flota de buques mercantes del país y buena parte de sus tripulantes, forman parte de la Reserva Naval de la Nación y tal como ocurrió durante la guerra de Malvinas, en caso de necesidad son inmediatamente requeridos para el apoyo de las operaciones militares en las aguas.

Hace ya muchos años que el ministerio de transportes se constituyó en la autoridad de aplicación de todo lo relacionado con el transporte fluvial y marítimo del país, incluida la formación y titulación del personal embarcado. Pero por falta de interés político, capacidad técnica o racionalidad administrativa, en forma inmediata de asumir esta tarea, se delegó en la Armada el rol de “autoridad de administración” del sistema náutico, mientras que la Prefectura Naval conservó su rol natural de autoridad marítima y por ende la que en definitiva habilita al personal navegante a ejercer su función y también la que certifica la aptitud náutica de buques y embarcaciones menores.

Esta trilogía de autoridades nacionales (las que no siempre funcionaron en forma coordinada) terminó generando una burocracia fenomenal sin precedentes a nivel mundial, al punto que la propia organización marítima internacional llamó la atención al país al indicar que debería encaminarse hacia la centralización del tema en una única autoridad nacional.

El equipo de Guillermo Dietrich recogió el guante y de acuerdo a lo informado en pocas semanas operará el traspaso de todo lo atinente al personal marítimo y fluvial a sus manos como así también asumirá la representación de la Nación ante la Organización Marítima Internacional en forma conjunta con la Cancillería, desplazando al personal militar que tradicionalmente lleva adelante el día a día de la gestión desde las oficinas ubicadas en Londres. La Prefectura en tanto conservará su tradicional rol de autoridad marítima nacional y la superintendencia que ejerce sobre los profesionales del mar

Inquietud Gremial

La excesiva reserva oficial a la hora de establecer lo que será el nuevo marco regulatorio para la titulación de marinos, puso en alerta a buena parte de los gremios del sector, quienes desde sus páginas web alertan que la falta de diálogo de las autoridades hizo que el proyecto final que les fuera presentado por el equipo de Dietrich, tenga innovaciones que alteran sustancialmente las exigencias reglamentarias que cada estamento de la actividad debe cumplir para acceder a ocupar cargos en los distintos tipos de buques, de la misma manera se torna muy laxa a la hora de habilitar para desarrollar algunas tareas a personal sin entrenamiento previo.

Así por ejemplo, mientras los marinos del sector pesquero alertan por la posibilidad que otros profesionales sin experiencia en pesca puedan disputar sus puestos de trabajo, los navegantes fluviales expresan los mismos reparos respecto a sus colegas de ultramar. Por otra parte y siempre fieles a la política de “eficiencia y racionalización” que propugna la actual administración, la segunda etapa del traspaso de responsabilidades incluiría la unificación de los distintos institutos de enseñanza náutica en manos del estado en uno solo y la simplificación de títulos eliminando profesiones navales lo que en la práctica presupone que los gremios que las representan se fagociten entre sí.

Lo cierto es que en momentos en que se está por decidir la prórroga de la intervención al SOMU por al menos 180 días más, persisten las  internas gremiales por la actitud asumida por algunas entidades en negociar convenios laborales “a la baja” y la justicia acaba de frenar la operación de buques contratados por el Estado Nacional en aparente violación de la normativa vigente, abrir un nuevo frente de tormenta gremial por una mera cuestión de luchas de poder interministeriales parecería al menos imprudente.

Algunas entidades gremiales ya han decretado el estado de “alerta y movilización” (tal el caso del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina) y de estallar un conflicto el ministerio de trabajo se verá en la confusa misión de no tener que mediar no por un conflicto salarial sino por el reclamo de trabajadores que se consideran en riesgo de presenciar la desaparición de su profesión.