Se produce la paradoja de que la trascendencia social a nivel local e internacional y la presión sobre las autoridades para el esclarecimiento de su desaparición supera largamente a la del propio fiscal Nisman
Por Fernando Morales
Tal cual pasa en elcosmos, donde planetas lejanos entre sí ejercen a pesar de ello influenciamutua, dos casos judiciales que no guardan relación causal entre sí seencuentran profundamente unidos en un punto.
Este 17de octubre apareció en el río Chubut un cuerpo del que por ahora resultapolíticamente correcto decir que se desconoce su identidad. También secumplieron cuatro meses del hundimiento del buque pesquero El Repunte frente alas costas de Rawson, hecho en el perdieron la vida 10 personas. Aunque tambiénpolíticamente correcto resultó hablar hasta hace pocas hora de"desaparecidos".
Estos dos sucesos aparentemente desconectados no lo están tanto.En primer lugar, el juez federal que interviene en ambos casos es el mismo,Gustavo Lleral. En segundo lugar, la fuerza federal que interviene en lainvestigación de los hechos es la misma, la Prefectura Naval Argentina (PNA),que en uno y otro caso debió recurrir a su cuerpo de Salvamento y Buceo. Entercer lugar, el juez, que aparentemente no se fía mucho de los auxiliares dela Justicia, solicitó peritajes extra a la Armada Argentina; una medida untanto extraña si se tiene en cuenta que hace 35 años que se trata de separar lomilitar de lo policial.
Por lo que puede sabersehasta el momento de fuentes de primer nivel de la PNA, y sin lugar a dudas porla circunstancia de que el propio jefe de la fuerza y varios de sus altosmandos son precisamente buzos, y varios de ellos ex jefes del servicio deSalvamento y Buceo, la fuerza policial ha tomado todos y cada uno de losrecaudos necesarios para que su labor sea inobjetable en las formas y en elfondo.Los cuidados con el cuerpo han sido extremos, como extremas han sido lasmedidas adoptadas para neutralizar cualquier posibilidad de que, a pocas horasde descubierto el cadáver, algún entusiasta agente con vocación periodísticacomience a difundir imágenes en las redes sociales.
Sí esevidente que ya se sabe más de lo que se dice que se sabe, y está muy bien que,cuando finalmente tomemos conocimiento de la realidad, sea por intermedio de laúnica persona que lo puede y debe hacer, es decir, el juez de la causa. Ningúnsecretario de ningún derecho humano, ningún jefe de ningún gabinete, ni ningúnministro tienen nada que hacer o decir antes. Tal vez ya lo aprendieron no sólolos actuales funcionarios, sino todos los que alguna vez cometieron dislatesparecidos. Baste recordar el caso Nisman.
Algunos de los participantes policiales protagonistas del descubrimientocuentan que debieron apelar a extremas dosis de paciencia y profesionalismopara neutralizar pedidos improcedentes y dislates varios que comenzaron allegar por las más diversas vías. Que informen, que expliquen, que tengancuidado con esto y con lo otro, que si va Fulano, tal cosa o si va Mengano, talotra.
Tomaronasí las cosas una sabia y natural decisión. Y bajó una línea directa."Señores, el único que da órdenes es el juez". Incluso se logróevitar que la ministra de Seguridad se hiciera una escapadita hasta el lugar.
Primeraconclusión, la Prefectura Naval hará estrictamente lo que correspondeque haya que hacer y no se apartará un ápice de lo que marca la ley.Nada de supersecretarios merodeando en el lugar ni asesores bajando línea.Tienen algo que les hace más fácil la tarea. No es lo mismo un coquetodepartamento en las torres Le Parc que las frías aguas del río Chubut.
Del ladode la política, la lista de desbarranques y despistes cuando un caso resonantecomo el que nos ocupa trasciende a la escena nacional es una constante. Desdelos grandes atentados de AMIA y la Embajada de Israel hasta los casos Carrasco,Nisman y Maldonado son prueba fehaciente de esta afirmación. Pero, en elparticular caso Maldonado, que a diferencia de Nisman no era un magistrado apunto de denunciar a un presidente en ejercicio del poder, seproduce la paradoja de que la trascendencia social a nivel local einternacional y la presión sobre las autoridades para el esclarecimiento de sudesaparición supera largamente a la del propio fiscal.
Cualquierjefe policial federal con quien se toque este tema sostiene sin lugar a dudasque algo habrá que hacer para que los funcionarios políticos entiendan que noson policías, que no pueden darles órdenes operativas y que las pocas que sepodrían razonablemente acatar deben venir de un funcionario ubicado en lo quese denomina "línea de mando".
El señorNoceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, no tiene firma ni mando.No firma obviamente decretos, pero tampoco puede firmar decisionesadministrativas, ni siquiera un pase de un cabo a otra dependencia. Como sucargo lo indica, es un asesor personal de la ministra, depende de ella pero deél no depende nadie. Por ello, cuesta entender qué hacíaeste señor en medio de un escenario policial potencialmente delicado.Aun si pasó a saludar, fue improcedente, no se saluda a policías dentro de unteatro de operaciones.
Siempre,al decir de los que estudiaron para hacer lo que se supone que deben dejarhacer, siempre bajo tutela judicial, esta simple pero grave irregularidadtransformó lo que podría ser tal vez un caso de exceso policial que hubieracostado algunas cabezas uniformadas en un tema político de primer nivel del quepocos creen que la propia ministra Bullrich salga indemne finalmente.
Paramayor torpeza, si bien el Gobierno consideró excesiva e inapropiada lacalificación del hecho como desaparición forzada de persona, elprotagonismo que tomó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, ClaudioAvruj, terminó convalidando la nomenclatura judicial de la causa.
En elconvencimiento erróneo de que el Estado nacional tenía que estar presente en laescena, Avruj se apersonó, los uniformados de todas las fuerzas en la zona sepusieron de acuerdo para no estar cerca de su persona, salvo orden expresa encontrario y las consecuencias fueron que, al margen de regresar con el vehículooficial destrozado, sumó un ruido innecesario.
Finalmente,no puede soslayarse la larga cadena de desaguisados oficiales y opositores queel tema Maldonado cosecha. La influyente Elisa Carrió tal vez se lleve laspalmas con sus últimas declaraciones sobre el 20% de posibilidades de queestuviera vivo en Chile, y otras que mejor no repetir. Pero noes menor el deplorable manejo político que varios candidatos intentan hacer detodo el caso y también la incertidumbre que reina sobre qué es lo mejor quehabría que hacer para que el descubrimiento no termine siendo un cisne negropara el Gobierno o una llave dorada al triunfo para la oposición.Tal vez, en un país con buena gente, lo mejor para todos debería sersimplemente que se sepa de una vez qué es lo que pasó con Santiago Maldonado.
FUENTE INFOBAE